Corrupción en la universidad

Alfonso Serrano Gómez, después de casi cincuenta años en la universidad, ha sido testigo de cómo la selección del profesorado se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo. Tras veinte libros y más de ciento cincuenta publicaciones sobre Derecho penal, Política criminal y Criminología, sin olvidar la corrupción, tiene en cuenta algunos principios de estas disciplinas para sacar a la luz el tráfico de influencias y maquinaciones políticas que han permitido la corrupción en el acceso de profesores a la universidad.

La obra va dirigida a los estudiantes, sus padres y la sociedad en general, que muy poco saben de los entresijos de la universidad, mientras que toda la comunidad universitaria conoce de sobra la corrupción que aquí se contempla, y no pocos podrían añadir arbitrariedades inconfesables. En este trabajo se recoge la opinión de medio centenar de profesores que han escrito sobre los problemas que sufre la universidad para llegar a la conclusión de un pesimismo generalizado.

En la selección del profesorado funcionario hay dos fases. De la primera se ha venido ocupando la ANECA, duramente criticada por sus actuaciones. La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español ha dicho que no puede “ejercer potestades públicas”, le falta “transparencia”, “ los expertos no son especialistas del área de conocimiento del candidato, algo imprescindible para juzgar con conocimiento de causa (…). El baremo que valora y regula los méritos de los candidatos es notoriamente inadecuado (…), no permitiría acreditar como catedrático a más de un premio Nobel y perjudica muy especialmente a los jóvenes más brillantes facilitando su expulsión del sistema universitario”. No se evalúan los trabajos de investigación. Al solicitante sólo se le exige presentar la primera y última página de cada uno, con el lugar de publicación. En base a ello su valoración suelen hacerla profesores ajenos a la materia: uno de alemán puede valorar a otro de francés, un pediatra a un cirujano o un psicólogo a un jurista. Se prestan a ello sin el menor rubor, aunque algunos se niegan.

Los que han superado esa primera prueba, acreditados, si gozan del beneplácito de su “universidad”, se les crea una plaza a medida de su perfil para que la ganen por concurso. El aspirante y sus compañeros de departamento son quienes deciden el nombramiento de todos los miembros de la comisión que ha de juzgar las pruebas. Ante un tribunal tan amañado es muy difícil que se presente ningún otro candidato. Por si esto fuera poco el aspirante, salvo alguna rara excepción, solamente tiene que conocer un tema del programa, que él elige (a los estudiantes se les exige el temario completo). No obstante, si todos o la mayoría de los miembros de la comisión a sabiendas de su injusticia proponen para ocupar la plaza a quien claramente no la merece, aunque solamente haya un concursante, podrían cometer un delito de prevaricación. Esta cuestión también podría plantearse en las comisiones de acreditación.

Así las cosas cabe preguntarse: ¿Están los profesores de Universidad capacitados para enseñar e investigar? En principio, y en su conjunto, la respuesta no puede ser positiva, pues junto a magníficos docentes e investigadores, incluso con prestigio internacional, hay otros que carecen de la capacidad mínima aceptable para enseñar e investigar y a muchos todavía les faltan más de veinte o veinticinco años para jubilarse.